ASPECTOS LEGALES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO Y CHINA
© Enrique Marcos Abularach
Bensojo, Chávez y Gutiérrez, S.C.
emarcos@bcgconsultoreslegales.com
Agosto 2003

I. Introducción.

Las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos (México) han considerado a la inversión extranjera  como una de las fuentes para el desarrollo económico del país. En los últimos años la República Popular de China (China) se ha convertido en un competidor para México y para otros países en la atracción de la inversión extranjera, básicamente debido a los bajos costos en las operaciones industriales, tales como la mano de obra.

Es verdad que los factores económicos son los elementos básicos para decidir respecto al lugar donde debe iniciarse un proyecto, y China ciertamente los ofrece. Sin embargo, los inversionistas deben además tomar en consideración otros factores tales como los requerimientos legales y la normatividad para la inversión.

Nuestra intención es presentar las ventajas legales que México ofrece para la atracción de la inversión extranjera, comparadas con aquellas otorgadas en China. El propósito es concluir que México es un lugar estratégico para la inversión y no solamente un país económicamente atractivo para la misma.

El trabajo comparativo se realiza con China debido a lo agresivo de sus políticas para atraer la inversión extranjera, convirtiéndose en un importante competidor de México. El porcentaje sobre la captación de inversión extranjera mundial a disminuido para México, la cual se redujo del 11.5% en 1985 al 5.6% en el 2000, mientras que para China, en el mismo período se incrementó del 7% al 19.2%. [1]

En este sentido, se presentarán en términos básicos y generales los requerimientos legales para invertir en China comparados con los aplicables en México.

II. Estructura legal básica en China.

China cambia su política de aislamiento con el final de la era de Mao Tse-tung. En principio, con Deng Xiaoping y ahora con Jiang Zemin, China ha decidido jugar un rol protagónico en la comunidad global, estando dispuesta a pagar el precio que sea necesario, incluyendo básicamente el desarrollo de una infraestructura para el comercio internacional. [2]

El sistema legal en China pertenece a la familia neorromanista o del “Civil Law”; se basa en el derecho escrito y las decisiones de los jueces no forman precedente obligatorio, aunque en ciertas ocasiones son adoptadas como referencia o guía. [3]

De conformidad con la Constitución de 1983, la máxima autoridad es el Congreso denominado Congreso Nacional del Pueblo (“National People’s Congress”). El Congreso está compuesto por 3,000 diputados y sólo se reúne en sesiones plenarias una vez al año. El Congreso trabaja a través de su Comité Permanente (“Standing Committee”). [4]

El Consejo Estatal (“State Council”) es el encargado de la función ejecutiva y tiene también la facultad de promulgar reglamentos o normas particulares; sin embargo, está subordinado al Congreso. El Consejo Estatal cuenta con 31 miembros y esta organizado en nueve comisiones, tales como planeación estatal, desarrollo económico, comercio, entre otras. [5]

La Corte Suprema del Pueblo (“Supreme People’s Court”) está a cargo de la función judicial, junto con otros tribunales con menor jerarquía, tales como la Alta Corte del Pueblo (“High People’s Court”), la Corte Intermedia del Pueblo (“Intermediate People’s Court”) y la Corte Elemental del Pueblo (“Elementary People’s Court”). La Corte Suprema del Pueblo depende del Congreso y no tiene autonomía sobre su personal o presupuesto. [6]

China está dividida en 22 provincias, cinco regiones autónomas y tres municipios que son Beijing, Shanghai y Tianjin, los cuales están controlados directamente por el gobierno central. Las provincias y regiones autónomas tienen sus gobiernos locales, sin embargo dependen del gobierno central; no existe una distribución de funciones o autoridades como lo sería en un sistema federal, no obstante, en cierta medida pueden adoptar normas particulares que no estén en contravención con las leyes y reglamentos dictados por el gobierno central. [7]

III. Instituciones para la regulación de la inversión extranjera en China.

China ha realizado los ajustes necesarios a su normatividad para cumplir con las reglas básicas de la comunidad internacional en aspectos comerciales; un ejemplo muy importante es su reciente admisión a la Organización Mundial del Comercio.

El gobierno chino tiene muchos años en un periodo de transición, de una economía planeada y totalmente controlada a una especie de “economía de mercado”; sin embargo, como toda transición toma tiempo y se encuentra en progreso continuo. [8]

Las autoridades han promulgado mas de 200 disposiciones entre leyes y reglamentos que regulan la inversión extranjera, los cuales se pueden dividir en 5 áreas básicas: 1) Entidades con Inversión Extranjera; 2) Impuestos; 3) Financiamiento y Crédito; 4) Uso de inmuebles; 5) Solución de controversias. [9]

Adicionalmente, China ha promulgado una “Guía de Inversiones” con el fin de adaptar la inversión extranjera a su plan de desarrollo económico y social. Esta guía divide a los proyectos en cuatro categorías: 1) Prioritarios;  2) Permitidos; 3) Restringidos; y 4) Prohibidos. Los dos primeros se refieren a proyectos con tecnología avanzada o desarrollo del comercio, los otros se refieren  a las áreas consideradas como de seguridad nacional restringidas a la inversión extranjera tales como servicios financieros, telecomunicaciones y otras. [10]

Existen tres formas básicas para que un extranjero pueda invertir en China: [11]

1)    Joint – Ventures de Capital. Consiste en una entidad legal de responsabilidad limitada registrada ante el gobierno; debe tener por lo menos el 25% del capital extranjero y un socio Chino. Su constitución requiere la aprobación o permiso previo de las autoridades centrales y locales, dependiendo del monto de la inversión. La solicitud del permiso debe incluir un estudio de factibilidad, estatutos, nombre de los consejeros entre otros.  

2)    Joint – Ventures Contractuales. Son más flexibles que las anteriores; su normatividad se define en el contrato o acuerdo que las crea. El gobierno no tiene un control sobre el capital o los directores; sin embargo, también requiere del permiso previo de las autoridades competentes.

3)     Empresas de Capital Extranjero. Son entidades de responsabilidad limitada con 100% de capital extranjero. Se encuentran limitadas a ciertas áreas de la industria, y deben cubrir cualquiera de los siguientes requisitos:  a) traer desarrollo económico para el país; b) operar con tecnología avanzada; c) exportar por lo menos el 50% de sus productos. Cuentan con su propia normatividad y requieren de permisos previos para su constitución, similares a las joint – ventures de capital.

Asimismo, los extranjeros pueden abrir sucursales o tener oficinas representativas en China; para estos efectos, es necesario obtener permisos del gobierno central y local, así como obtener otros registros comerciales. [12]

China abrió su economía a la inversión extranjera; sin embargo, el gobierno todavía tiene un control importante en el proyecto, y consideramos que existen algunas desventajas para los inversionistas extranjeros, tales como: 1) una carga burocrática para los inversionistas, quienes requieren permisos previos para iniciar operaciones, y 2) un gran número de leyes y reglamentos que complican su identificación y cumplimiento.

Comparativamente, México cuenta con una economía de mercado, con restricciones mínimas para la inversión extranjera. La Ley de Inversión Extranjera [13] establece que los extranjeros pueden adquirir capital de sociedades mexicanas en cualquier proporción, adquirir inmuebles, y abrir u operar cualquier tipo de negociaciones. Esta ley contiene sólo restricciones particulares en ciertas áreas de la economía reservadas al Estado, tales como petróleo, electricidad, minerales radioactivos y otros; y restricciones en otras áreas reservadas a mexicanos o donde se limita la participación de extranjeros, tales como uniones de crédito, servicios legales, venta al pormenor de gasolina y otras. [14]

Las leyes en México buscan promover la inversión extranjera y evitar restricciones adicionales como la solicitud de permisos previos para iniciar los proyectos. Los Extranjeros no deben cumplir con una regulación especial o particular en sus actividades comerciales, las formalidades, requisitos y procedimientos que se aplican a los inversionistas mexicanos igualmente se aplican a los extranjeros; con la única excepción del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que es básicamente para propósitos estadísticos.

El gobierno mexicano ha simplificado los procedimientos administrativos. El gobierno federal a creado el Programa de Mejora Regulatoria para la simplificación de los procedimientos administrativos y creado la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (“COFEMER”) para implementarlo. De acuerdo a este programa, las entidades gubernamentales están mejorando sus procesos para eliminar obstáculos y costos a los inversionistas en la coordinación de trámites administrativos; como ejemplo, algunas delegaciones de la Secretaría de Economía han sido recientemente certificadas ISO 9002. Adicionalmente, este programa está siendo implementado en los gobiernos estatales.

México ha celebrado un número importante de tratados que proporcionan seguridades adicionales a los inversionistas extranjeros. Un ejemplo es el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que garantiza a los inversionistas: 1) el otorgamiento del principio del trato nacional y el principio de la nación más favorecida; 2) que no se impondrán requisitos de desempeño o restricciones a las transferencias relacionadas con inversiones; y 3) evitar expropiaciones, a menos que sean por causa de utilidad pública, mediante indemnización a un valor justo y con apego al principio de legalidad. Disposiciones similares han sido incluidas en los otros acuerdos para la creación de zonas de libre comercio, celebrados por México; una lista de los mismos se encuentra más adelante en el número quinto.

Adicionalmente, con el propósito de proporcionar a los extranjeros un ambiente seguro para sus inversiones, México ha celebrado tratados denominados Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, conocidos como “APRIS”. A través de estos acuerdos, las partes contratantes garantizan un trato justo a los inversionistas, así como la promoción y protección de sus inversiones.

Actualmente México ha celebrado APRIS con España, Suiza, Argentina, Países Bajos, Francia, Finlandia y otros.

IV. Propiedad Inmobiliaria.

China otorga a los inversionistas un derecho de “uso” sobre los bienes inmuebles, sin embargo, no otorga un derecho de propiedad total sobre los mismos. Por otro lado, México considera como un garantía constitucional el derecho de propiedad sobre los inmuebles.

De acuerdo a su Constitución, China sólo puede otorgar un derecho de uso sobre la propiedad inmobiliaria. El gobierno asigna ese derecho por una contraprestación en dinero. Este derecho es limitado a 70 años para propósitos residenciales, 50 años para industriales, y 40 años para comerciales o turísticos. El titular del derecho puede enajenarlo o arrendarlo. [15]

En México, los inversionistas no tienen restricción alguna para la adquisición directa o indirecta de inmuebles, sea para propósitos residenciales, industriales o comerciales; la Constitución expresamente protege el “derecho o garantía de propiedad” en su artículo 27.

Sin embargo, existen dos restricciones particulares a este derecho, que en nuestro concepto no afectan la inversión extranjera:  

1)    Los extranjeros no pueden adquirir “directamente” la propiedad de inmuebles localizados en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilometros en las playas; en este caso, el dominio sobre los inmuebles se puede adquirir a través de un “fideicomiso”, o a través de una sociedad mexicana con la totalidad de capital extranjero, en el entendido de que el terreno no sea destinado a propósitos residenciales. Es importante hacer notar que las actividades realizadas por compañías inmobiliarias no son consideradas como actividades residenciales. [16]

2)    Los extranjeros así como los mexicanos, no pueden adquirir mayores extensiones a la pequeña propiedad, cuando se trate de tierras agrícolas, ganaderas o forestales.

En este sentido, México otorga una garantía total sobre el derecho de propiedad, comparada con el derecho de uso otorgado por China. Las inversiones inmobiliarias en México podrán tener un mayor valor al momento de su venta o cuando sean utilizadas como garantías en el financiamiento del proyecto.

V. Incentivos Fiscales.

En atención a lo dispuesto en la regulación de inversión extranjera en China, las empresas con capital extranjero están obligadas a pagar un impuesto sobre su ingreso después de deducir sus costos y gastos de operación, así como las pérdidas acumuladas. Están sujetas a una tasa del 30% sobre el ingreso neto más el 3% por el impuesto local. [17]  

China otorga atractivos y agresivos estímulos fiscales; en términos generales consisten en la reducción del impuesto sobre la renta desde un 15% hasta un 50%, en periodos de tiempo que pueden ser de 1 a 3 años, en los que hayan reflejado utilidades, lo anterior dependiendo del tipo de inversión. [18]

En nuestro país es difícil otorgar incentivos equivalentes a los mencionados; sin embargo, México cuenta con suficientes elementos que pueden compensar esos incentivos. México implementó programas de exportación conocidos como Programas de Maquiladora y PITEX. El incentivo básico de estos programas es poder importar mercancías bajo un régimen temporal, el cual está exento del  impuesto de importación y del impuesto al valor agregado.

Las autoridades mexicanas crearon igualmente los Programas de Promoción Sectorial, los cuales aseguran la importación de mercancías bajo un trato preferencial, aún y cuando no sean originarias de alguna zona de libre comercio.

México ha negociado la creación de zonas de libre comercio con dos de los más importantes mercados en el mundo (Norteamérica y la Unión Europea), y además ha celebrado tratados de libre comercio con muchos otros países, lo que asegura un trato preferencial a los bienes de origen mexicano, colocando a México como un lugar estratégico para las inversiones.

México tiene celebrados acuerdos de libre comercio con:

1)      Uruguay

2)      Estados Unidos y Canadá

3)      Bolivia

4)      Chile

5)      Costa Rica

6)      Colombia y Venezuela

7)      Israel

8)      Nicaragua

9)      Guatemala, Honduras y el Salvador

10)   Unión Europea

Adicionalmente, los gobiernos estatales tienen bien delimitada su jurisdicción, y usualmente otorgan incentivos respecto a impuestos locales para beneficiar a proyectos nuevos, los incentivos consisten en reducciones respecto al impuesto sobre nóminas, predial, derechos de registro en otros. Estos incentivos varían dependiendo de cada estado, pero definitivamente otorgan beneficios a los inversionistas.

VI. Consideraciones Finales.

China es ciertamente un país atractivo para las inversiones; sin embargo, la apertura de su economía se encuentra en un período de transición, y la forma de atender y resolver sus asuntos políticos y sociales continúa siendo la misma.  

El desarrollo en China no se realizó siguiendo un plan maestro debidamente detallado o estructurado, las autoridades tienen un alto grado de experimentación y frecuentemente cambian sus criterios y políticas resultando en incertidumbre para los inversionistas extranjeros. [19]  

Una carga importante que deben considerar los inversionistas extranjeros en China es la necesidad de obtener permisos previos para sus proyectos. Es difícil identificar los permisos requeridos en virtud del número de leyes y reglamentos aplicables. No existe una separación clara entre la jurisdicción de las autoridades locales y las centrales, y el criterio de la burocracia china es rígido y diferente a la de países con una economía de mercado. [20]

Asimismo, China no es la excepción y la alta carga burocrática que las inversiones extranjeras requieren, derivan en importantes posibilidades de corrupción en los diversos niveles de gobierno; quizá con el tiempo y la liberalización de los controles que ejercen las autoridades se desincentive la corrupción; sin embargo, este problema continuará por mucho tiempo. [21]

México ha eliminado casi todas las restricciones a la inversión extranjera. Los procedimientos administrativos han sido simplificados y mejorados en beneficio de los inversionistas, siguiendo un programa expresamente creado por el gobierno federal. La jurisdicción federal y estatal, así como la normatividad de las mismas se encuentra bien delimitada para su sencillo cumplimiento.

El gobierno mexicano ha creado programas para promover las inversiones y otorgar ventajas competitivas en el comercio internacional; México ha celebrado tratados que aseguran la integridad y promoción de las inversiones extranjeras y que además otorgan trato preferencial para el comercio de productos locales con la creación de zonas de libre comercio.

Por lo tanto, México no solamente es un lugar menos costoso para la atracción de inversión extranjera, sino que se a convertido en un lugar estratégico para la realización de la misma.


[1] “Impacto de la Integración de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en México y Chihuahua.” En: Chihuahua: Retos y Oportunidades. Publicación No. 2, Febrero 2002. Chihuahua, México.

[2] Bering, Robert C., Chinese Law, Trade and the New Century. En: Northwestern Journal of International Law and Business. Northwestern University, 2000, p. 431.

[3] Cohen, Jerome A. and John E. Lange, The Chinese Legal System: A Primer for Investors. En: New York Law School Journal of International and Comparative Law. New York Law School, 1997, p. 350.

[4] Idem. p. 351.

[5] Id.

[6] Id.

[7] Id.

[8] Yuan, Anyuan, Foreign Direct Investments in China – Practical Problems of Complying with China’s Company Law and Laws for Foreign-Invested Enterprises. En: Northwestern Journal of International Law and Business. Northwestern University, 2000, p. 506.

[9] Huang, John Zhengdong, An Introduction to Foreign Investment Laws in the People’s Republic of China. En: John Marshall Law Review. John Marshall Law School, 1995, pp. 472-473.

[10] Yuan, Ob. cit., p. 212-213.

[11] Idem. pp. 474-480.

[12] Idem. p. 480

[13] “Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras”, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 1993 (“LIE”), y su Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1998.

[14] LIE, arts. 6-8.

[15] Huang, Ob.cit., pp. 484-487.

[16] Una definición más completa sobre el concepto de “actividad residencial” se encuentra en el art. 5 del Reglamento de la LIE; estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

[17] Huang, Ob.cit. pp. 482.

[18] Idem., pp. 483-484.

[19] Cohen, Ob.cit., p. 439.

[20] Idem.

[21] Idem. pp. 349-350.