| ASPECTOS LEGALES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO Y CHINA | |
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Enrique Marcos Abularach Bensojo, Chávez y Gutiérrez, S.C. emarcos@bcgconsultoreslegales.com Agosto 2003 |
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I. Introducción. Las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
(“México”) han considerado
a la inversión extranjera como
una de las fuentes para el desarrollo económico del país. En los últimos
años la República Popular de China (“China”)
se ha convertido en un competidor para México y para otros países en
la atracción de la inversión extranjera, básicamente debido a los bajos
costos en las operaciones industriales, tales como la mano de obra. Es verdad que los factores económicos son los
elementos básicos para decidir respecto al lugar donde debe iniciarse
un proyecto, y China ciertamente los ofrece. Sin embargo, los inversionistas
deben además tomar en consideración otros factores tales como los requerimientos
legales y la normatividad para la inversión. Nuestra intención es presentar las ventajas legales que México ofrece para
la atracción de la inversión extranjera, comparadas con aquellas otorgadas
en China. El propósito es concluir que México es un lugar estratégico
para la inversión y no solamente un país económicamente atractivo para
la misma. El trabajo comparativo se realiza con China debido
a lo agresivo de sus políticas para atraer la inversión extranjera,
convirtiéndose en un importante competidor de México. El porcentaje
sobre la captación de inversión extranjera mundial a disminuido para
México, la cual se redujo del 11.5% en 1985 al 5.6% en el 2000, mientras
que para China, en el mismo período se incrementó del 7% al 19.2%.
[1]
En este sentido, se presentarán en términos básicos
y generales los requerimientos legales para invertir en China comparados
con los aplicables en México. II. Estructura legal
básica en China. China cambia su política de aislamiento con el
final de la era de Mao Tse-tung. En principio, con Deng Xiaoping y ahora
con Jiang Zemin, China ha decidido jugar un rol protagónico en la comunidad
global, estando dispuesta a pagar el precio que sea necesario, incluyendo
básicamente el desarrollo de una infraestructura para el comercio internacional.
[2]
El sistema legal en China pertenece a la familia
neorromanista o del “Civil Law”;
se basa en el derecho escrito y las decisiones de los jueces no forman
precedente obligatorio, aunque en ciertas ocasiones son adoptadas como
referencia o guía.
[3]
De conformidad con la Constitución de 1983, la
máxima autoridad es el Congreso denominado Congreso Nacional del Pueblo
(“National People’s Congress”). El Congreso está compuesto por 3,000
diputados y sólo se reúne en sesiones plenarias una vez al año. El Congreso
trabaja a través de su Comité Permanente (“Standing Committee”).
[4]
El Consejo Estatal (“State Council”) es el encargado
de la función ejecutiva y tiene también la facultad de promulgar reglamentos
o normas particulares; sin embargo, está subordinado al Congreso. El
Consejo Estatal cuenta con 31 miembros y esta organizado en nueve comisiones,
tales como planeación estatal, desarrollo económico, comercio, entre
otras.
[5]
La Corte Suprema del Pueblo (“Supreme People’s
Court”) está a cargo de la función judicial, junto con otros tribunales
con menor jerarquía, tales como la Alta Corte del Pueblo (“High People’s
Court”), la Corte Intermedia del Pueblo (“Intermediate People’s Court”)
y la Corte Elemental del Pueblo (“Elementary People’s Court”). La Corte
Suprema del Pueblo depende del Congreso y no tiene autonomía sobre su
personal o presupuesto.
[6]
China está dividida en 22 provincias, cinco regiones
autónomas y tres municipios que son Beijing, Shanghai y Tianjin, los
cuales están controlados directamente por el gobierno central. Las provincias
y regiones autónomas tienen sus gobiernos locales, sin embargo dependen
del gobierno central; no existe una distribución de funciones o autoridades
como lo sería en un sistema federal, no obstante, en cierta medida pueden
adoptar normas particulares que no estén en contravención con las leyes
y reglamentos dictados por el gobierno central.
[7]
III. Instituciones para
la regulación de la inversión extranjera en China. China ha realizado los ajustes necesarios a su
normatividad para cumplir con las reglas básicas de la comunidad internacional
en aspectos comerciales; un ejemplo muy importante es su reciente admisión
a la Organización Mundial del Comercio. El gobierno chino tiene muchos años en un periodo
de transición, de una economía planeada y totalmente controlada a una
especie de “economía de mercado”; sin embargo, como toda transición
toma tiempo y se encuentra en progreso continuo.
[8]
Las autoridades han promulgado mas de 200 disposiciones
entre leyes y reglamentos que regulan la inversión extranjera, los cuales
se pueden dividir en 5 áreas básicas: 1) Entidades con Inversión Extranjera;
2) Impuestos; 3) Financiamiento y Crédito; 4) Uso de inmuebles; 5) Solución
de controversias.
[9]
Adicionalmente, China ha promulgado una “Guía
de Inversiones” con el fin de adaptar la inversión extranjera a su plan
de desarrollo económico y social. Esta guía divide a los proyectos en
cuatro categorías: 1) Prioritarios;
2) Permitidos; 3) Restringidos; y 4) Prohibidos. Los dos primeros
se refieren a proyectos con tecnología avanzada o desarrollo del comercio,
los otros se refieren a las áreas
consideradas como de seguridad nacional restringidas a la inversión
extranjera tales como servicios financieros, telecomunicaciones y otras.
[10]
Existen tres formas básicas para que un extranjero
pueda invertir en China:
[11]
1) Joint – Ventures de Capital. Consiste en una entidad legal de responsabilidad limitada registrada ante
el gobierno; debe tener por lo menos el 25% del capital extranjero y
un socio Chino. Su constitución requiere la aprobación o permiso previo
de las autoridades centrales y locales, dependiendo del monto de la
inversión. La solicitud del permiso debe incluir un estudio de factibilidad,
estatutos, nombre de los consejeros entre otros.
2) Joint – Ventures Contractuales. Son más flexibles que las anteriores; su normatividad se define en el contrato
o acuerdo que las crea. El gobierno no tiene un control sobre el capital
o los directores; sin embargo, también requiere del permiso previo de
las autoridades competentes.
3)
Empresas de Capital Extranjero. Son entidades de responsabilidad limitada
con 100% de capital extranjero. Se encuentran limitadas a ciertas áreas
de la industria, y deben cubrir cualquiera de los siguientes requisitos:
a) traer desarrollo económico para el país; b) operar con tecnología
avanzada; c) exportar por lo menos el 50% de sus productos. Cuentan
con su propia normatividad y requieren de permisos previos para su constitución,
similares a las joint – ventures de capital. Asimismo, los extranjeros pueden abrir sucursales
o tener oficinas representativas en China; para estos efectos, es necesario
obtener permisos del gobierno central y local, así como obtener otros
registros comerciales.
[12]
China abrió su economía a la inversión extranjera;
sin embargo, el gobierno todavía tiene un control importante en el proyecto,
y consideramos que existen algunas desventajas para los inversionistas
extranjeros, tales como: 1) una carga burocrática para los inversionistas,
quienes requieren permisos previos para iniciar operaciones, y 2) un
gran número de leyes y reglamentos que complican su identificación y
cumplimiento. Comparativamente, México cuenta con una economía
de mercado, con restricciones mínimas para la inversión extranjera.
La Ley de Inversión Extranjera
[13]
establece que los extranjeros pueden adquirir capital
de sociedades mexicanas en cualquier proporción, adquirir inmuebles,
y abrir u operar cualquier tipo de negociaciones. Esta ley contiene
sólo restricciones particulares en ciertas áreas de la economía reservadas
al Estado, tales como petróleo, electricidad, minerales radioactivos
y otros; y restricciones en otras áreas reservadas a mexicanos o donde
se limita la participación de extranjeros, tales como uniones de crédito,
servicios legales, venta al pormenor de gasolina y otras.
[14]
Las leyes en México buscan promover la inversión
extranjera y evitar restricciones adicionales como la solicitud de permisos
previos para iniciar los proyectos. Los Extranjeros no deben cumplir
con una regulación especial o particular en sus actividades comerciales,
las formalidades, requisitos y procedimientos que se aplican a los inversionistas
mexicanos igualmente se aplican a los extranjeros; con la única excepción
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que es básicamente
para propósitos estadísticos. El gobierno mexicano ha simplificado los procedimientos
administrativos. El gobierno federal a creado el Programa de Mejora
Regulatoria para la simplificación de los procedimientos administrativos
y creado la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (“COFEMER”) para
implementarlo. De acuerdo a este programa, las entidades gubernamentales
están mejorando sus procesos para eliminar obstáculos y costos a los
inversionistas en la coordinación de trámites administrativos; como
ejemplo, algunas delegaciones de la Secretaría de Economía han sido
recientemente certificadas ISO 9002. Adicionalmente, este programa está
siendo implementado en los gobiernos estatales. México ha celebrado un número importante de tratados
que proporcionan seguridades adicionales a los inversionistas extranjeros.
Un ejemplo es el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, que garantiza a los inversionistas: 1) el otorgamiento del
principio del trato nacional y el principio de la nación más favorecida;
2) que no se impondrán requisitos de desempeño o restricciones a las
transferencias relacionadas con inversiones; y 3) evitar expropiaciones,
a menos que sean por causa de utilidad pública, mediante indemnización
a un valor justo y con apego al principio de legalidad. Disposiciones
similares han sido incluidas en los otros acuerdos para la creación
de zonas de libre comercio, celebrados por México; una lista de los
mismos se encuentra más adelante en el número quinto. Adicionalmente, con el propósito de proporcionar
a los extranjeros un ambiente seguro para sus inversiones, México ha
celebrado tratados denominados Acuerdos para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, conocidos como “APRIS”. A través de estos
acuerdos, las partes contratantes garantizan un trato justo a los inversionistas,
así como la promoción y protección de sus inversiones. Actualmente México ha celebrado APRIS con España,
Suiza, Argentina, Países Bajos, Francia, Finlandia y otros. IV. Propiedad Inmobiliaria. China otorga a los inversionistas un derecho de
“uso” sobre los bienes inmuebles,
sin embargo, no otorga un derecho de propiedad total sobre los mismos.
Por otro lado, México considera como un garantía constitucional el derecho
de propiedad sobre los inmuebles. De acuerdo a su Constitución, China sólo puede
otorgar un derecho de uso sobre la propiedad inmobiliaria. El gobierno
asigna ese derecho por una contraprestación en dinero. Este derecho
es limitado a 70 años para propósitos residenciales, 50 años para industriales,
y 40 años para comerciales o turísticos. El titular del derecho puede
enajenarlo o arrendarlo.
[15]
En México, los inversionistas no tienen restricción
alguna para la adquisición directa o indirecta de inmuebles, sea para
propósitos residenciales, industriales o comerciales; la Constitución
expresamente protege el “derecho o garantía de propiedad” en su artículo
27. Sin embargo, existen dos restricciones
particulares a este derecho, que en nuestro concepto no afectan la inversión
extranjera:
1) Los extranjeros no pueden adquirir
“directamente” la propiedad de inmuebles
localizados en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras
y 50 kilometros en las playas; en este caso, el dominio sobre los inmuebles
se puede adquirir a través de un “fideicomiso”,
o a través de una sociedad mexicana con la totalidad de capital extranjero,
en el entendido de que el terreno no sea destinado a propósitos residenciales.
Es importante hacer notar que las actividades realizadas por compañías
inmobiliarias no son consideradas como actividades residenciales.
[16]
2) Los extranjeros así como los mexicanos,
no pueden adquirir mayores extensiones a la pequeña propiedad, cuando
se trate de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. En este sentido, México otorga una garantía total
sobre el derecho de propiedad, comparada con el derecho de uso otorgado
por China. Las inversiones inmobiliarias en México podrán tener un mayor
valor al momento de su venta o cuando sean utilizadas como garantías
en el financiamiento del proyecto. V. Incentivos Fiscales. En atención a lo dispuesto en la regulación de
inversión extranjera en China, las empresas con capital extranjero están
obligadas a pagar un impuesto sobre su ingreso después de deducir sus
costos y gastos de operación, así como las pérdidas acumuladas. Están
sujetas a una tasa del 30% sobre el ingreso neto más el 3% por el impuesto
local.
[17]
China otorga atractivos y agresivos estímulos
fiscales; en términos generales consisten en la reducción del impuesto
sobre la renta desde un 15% hasta un 50%, en periodos de tiempo que
pueden ser de 1 a 3 años, en los que hayan reflejado utilidades, lo
anterior dependiendo del tipo de inversión.
[18]
En nuestro país es difícil otorgar incentivos
equivalentes a los mencionados; sin embargo, México cuenta con suficientes
elementos que pueden compensar esos incentivos. México implementó programas
de exportación conocidos como Programas de Maquiladora y PITEX. El incentivo
básico de estos programas es poder importar mercancías bajo un régimen
temporal, el cual está exento del impuesto
de importación y del impuesto al valor agregado. Las autoridades mexicanas crearon igualmente los
Programas de Promoción Sectorial, los cuales aseguran la importación
de mercancías bajo un trato preferencial, aún y cuando no sean originarias
de alguna zona de libre comercio. México ha negociado la creación de zonas de libre
comercio con dos de los más importantes mercados en el mundo (Norteamérica
y la Unión Europea), y además ha celebrado tratados de libre comercio
con muchos otros países, lo que asegura un trato preferencial a los
bienes de origen mexicano, colocando a México como un lugar estratégico
para las inversiones. México tiene celebrados acuerdos de libre comercio
con:
1)
Uruguay
2)
Estados Unidos y Canadá
3)
Bolivia
4)
Chile
5)
Costa Rica
6)
Colombia y Venezuela
7)
Israel
8)
Nicaragua
9)
Guatemala, Honduras y el Salvador
10) Unión Europea Adicionalmente, los gobiernos estatales tienen
bien delimitada su jurisdicción, y usualmente otorgan incentivos respecto
a impuestos locales para beneficiar a proyectos nuevos, los incentivos
consisten en reducciones respecto al impuesto sobre nóminas, predial,
derechos de registro en otros. Estos incentivos varían dependiendo de
cada estado, pero definitivamente otorgan beneficios a los inversionistas. VI. Consideraciones Finales. China es ciertamente un país atractivo para las
inversiones; sin embargo, la apertura de su economía se encuentra en
un período de transición, y la forma de atender y resolver sus asuntos
políticos y sociales continúa siendo la misma. El desarrollo en China no se realizó siguiendo
un plan maestro debidamente detallado o estructurado, las autoridades
tienen un alto grado de experimentación y frecuentemente cambian sus
criterios y políticas resultando en incertidumbre para los inversionistas
extranjeros.
[19]
Una carga importante que deben considerar los
inversionistas extranjeros en China es la necesidad de obtener permisos
previos para sus proyectos. Es difícil identificar los permisos requeridos
en virtud del número de leyes y reglamentos aplicables. No existe una
separación clara entre la jurisdicción de las autoridades locales y
las centrales, y el criterio de la burocracia china es rígido y diferente
a la de países con una economía de mercado.
[20]
Asimismo, China no es la excepción y la alta carga
burocrática que las inversiones extranjeras requieren, derivan en importantes
posibilidades de corrupción en los diversos niveles de gobierno; quizá
con el tiempo y la liberalización de los controles que ejercen las autoridades
se desincentive la corrupción; sin embargo, este problema continuará
por mucho tiempo.
[21]
México ha eliminado casi todas las restricciones
a la inversión extranjera. Los procedimientos administrativos han sido
simplificados y mejorados en beneficio de los inversionistas, siguiendo
un programa expresamente creado por el gobierno federal. La jurisdicción
federal y estatal, así como la normatividad de las mismas se encuentra
bien delimitada para su sencillo cumplimiento. El gobierno mexicano ha creado programas para
promover las inversiones y otorgar ventajas competitivas en el comercio
internacional; México ha celebrado tratados que aseguran la integridad
y promoción de las inversiones extranjeras y que además otorgan trato
preferencial para el comercio de productos locales con la creación de
zonas de libre comercio. Por lo tanto, México no solamente es un lugar
menos costoso para la atracción de inversión extranjera, sino que se
a convertido en un lugar estratégico para la realización de la misma.
[1]
“Impacto de la Integración de China
a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en México y Chihuahua.”
En: Chihuahua: Retos y Oportunidades. Publicación No. 2, Febrero 2002.
Chihuahua, México.
[2]
Bering, Robert C., Chinese Law, Trade and the
New Century. En: Northwestern Journal of International Law and Business.
Northwestern University, 2000, p. 431.
[3]
Cohen, Jerome A. and John E. Lange, The Chinese
Legal System: A Primer for Investors. En: New York Law School Journal
of International and Comparative Law. New York Law School, 1997, p.
350.
[4]
Idem. p. 351.
[5]
Id.
[6]
Id.
[7]
Id.
[8]
Yuan, Anyuan, Foreign Direct Investments in China
– Practical Problems of Complying with China’s Company Law and Laws
for Foreign-Invested Enterprises. En: Northwestern Journal of International
Law and Business. Northwestern University, 2000, p. 506.
[9]
Huang, John Zhengdong, An Introduction to Foreign
Investment Laws in the People’s Republic of China. En: John Marshall
Law Review. John Marshall Law School, 1995, pp. 472-473. [10] Yuan, Ob. cit., p. 212-213.
[11]
Idem. pp. 474-480.
[12]
Idem. p. 480 [13] “Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras”, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 1993 (“LIE”), y su Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1998.
[14]
LIE, arts. 6-8.
[15]
Huang, Ob.cit., pp. 484-487. [16] Una definición más completa sobre el concepto de “actividad residencial” se encuentra en el art. 5 del Reglamento de la LIE; estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario.
[17]
Huang, Ob.cit. pp. 482. [18] Idem., pp. 483-484. [19] Cohen, Ob.cit., p. 439. [20] Idem. [21] Idem. pp. 349-350. |
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